¿Cuál será el impacto financiero del nuevo pacto colectivo del MINEDUC?

Los pactos colectivos son condiciones de trabajo que se pactan entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos. Estos tienen como objetivo complementar las condiciones estipuladas en el Código de Trabajo y otras normativas relacionadas al ámbito laboral. La duración de los pactos colectivos no puede ser menor a un año ni mayor a tres, y si ninguna parte denuncia el pacto con un mes de anticipación a su vencimiento se entiende que será prorrogado por la misma duración que estaba anteriormente.

Entre las estipulaciones que se pueden pactar se encuentran las relativas a la jornada de trabajo, descansos, vacaciones, salarios o salarios mínimos. Sin embargo, en muchas ocasiones los pactos colectivos se convierten en herramientas de privilegios y de abusos que ponen en riesgo las finanzas de las instituciones públicas y los principios meritocráticos bajo los cuáles se debería regir el servicio civil. Esta dinámica se ve reflejada también en el hecho que las negociaciones no suelen hacerse públicas, a pesar de que son actos que involucran el actuar de funcionarios y empleados públicos y que necesitan de recursos públicos para financiarse.

Esta semana el Ministerio de Educación firmó un nuevo pacto colectivo que afectará a todos los trabajadores de la institución, tanto a los cargos administrativos como los maestros y profesores. Las dos áreas principales de negociación que suelen existir al momento de renegociar un pacto colectivo son el incremento salarial y los bonos extras. Las nomas relativas al ámbito laboral no imponen límites a ni parámetros para este tipo de condiciones, por lo que en muchas ocasiones han existido abusos como en el caso del pacto colectivo del Organismo Legislativo que provocó que decenas de empleados ganarán incluso más que los propios diputados.

En esta ocasión, según la información que se ha compartido hasta el momento, el pacto colectivo estaría contemplando un incremento del 3% del salario base para los trabajadores en el 2023 y un bono de Q2,500 en junio de este año. El último pacto colectivo firmado en diciembre del 2018 y aprobado el 4 de enero del 2019 con un plazo de dos años contemplaba un reajuste salarial del 10% para el 2019 y un 5% para el 2020 argumentando que desde el 2015 no se había hecho un reajuste. Así mismo, se estipulaba un bono de Q2,500 en diciembre de cada año.

¿Cuál será el impacto financiero para el Ministerio de Educación con respecto a estas dos medidas? Solamente en salario inicial, según datos de la nómina de empleados del MINEDUC, se desembolsaron Q443,466,577.23 mensualmente y Q5,321,598,926.76 anualmente. Un incremento a este salario base del 3% equivaldría a un aumento de Q159,647,967.80 para el próximo año. En el MINEDUC a enero del 2022 laboran 125,197 personas por lo que el bono de Q2,500 supondría un aumento de Q312,992,500.00 para el 2022 y Q625,985,000.00 en total para los dos años que estará vigente dicho pacto colectivo.

En total, por los dos años que tendrá vigencia este nuevo pacto colectivo, el Ministerio de Educación estaría desembolsando Q785,632,967.80 para financiar estas nuevas condiciones laborales. ¿Es esto mucho o poco? Mientras no existan parámetros y límites que regulen las condiciones a negociar de los pactos colectivos y mientras el servicio civil no comprenda criterios meritocráticos para ascensos o aumentos salariales, cualquier negociación estará sujeta a criterios políticos muchas veces arbitrarios y ese costo invisible no tiene precio.